Mayo 2009
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Introducción
La comunidad rural de Colonia Barbero en el departamento de San Pedro, Paraguay, lucha contra la invasión de los campos de soja que han aparecido en los últimos años. Una de las fincas sojeras (de unas 5.000 ha) que limita con esta colonia pertenece al Grupo Desarrollo Agrícola Paraguay (Grupo DAP), una empresa que afirma ser líder en responsabilidad social empresarial (RSE). Precisamente, un gerente del Grupo DAP forma parte de la vicepresidencia de la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS por sus
siglas en inglés).
La RTRS es un foro constituido por ONG´s y el sector de la industria sojera y fue fundada en el año 2005 por la WWF y el supermercado suizo COOP. A fines de mayo, lanzará los principios y criterios de soja “responsable” que definirán por votación en su 4 ª Conferencia en Brasil1. Sin embargo, una vez más, la RTRS se enfrenta con una amplia oposición de movimientos y organizaciones sociales y ambientales que la acusan de lavarle la cara a las prácticas no sustentables de la industria sojera2.
Actualmente, existe un promedio de 41 millones de hectáreas de monocultivos de soja en América del Sur3 y este número continúa incrementándose. En Paraguay la superficie sembrada de soja alcanza los 2,6 millones de hectáreas y la frontera sojera avanza desde la región oriental hacia el noroeste, es decir, hacia la provincia de San Pedro. Los impactos de este monocultivo están bien documentados: deforestación, expulsión de la población rural, agotamiento de suelos y la grave contaminación del ambiente con pesticidas. Europa es uno de los principales destinos de esta soja, principalmente utilizada para engordar cerdos y aumentar la producción de leche y huevos.
El Grupo DAP es una nueva empresa que opera como inversora de commodities y como productora, cultivando unas 30.000 hectáreas de commodities, especialmente de soja y maíz, en el departamento de San Pedro. Como parte de su “programa de soja responsable” la empresa trabaja con pequeños agricultores para fomentar la producción de este cultivo. Sin embargo, en algunas áreas, incluyendo Colonia Barbero, la población local ha expresado claramente su oposición.
El año pasado, el Observatorio Europeo de las Corporaciones junto a otros grupos publicaron un informe sobre la RTRS destacando algunos de los impactos de la soja “responsable” en Paraguay, donde se incluye el caso de Colonia Barbero4. Un año después, los investigadores regresaron a Paraguay para visitar los posibles lugares elegidos para realizar soja “responsable” de la RTRS. El informe demuestra que este nuevo sistema de certificación promueve la continuidad de la expansión de la soja, un mayor uso de plaguicidas por parte de los pequeños agricultores, con la consecuente generación de nuevos conflictos en las comunidades, y el desplazamiento de la ganadería hacia la región del Chaco.
La controversia sobre la soja ‘responsable’
La Mesa Redonda de Soja Responsable es un foro de ONG´s y la industria, a menudo descrito como un diálogo entre múltiples partes interesadas que está elaborando estándares para un nuevo rótulo de soja “responsable”. Entre los miembros de la RTRS están las grandes corporaciones que operan en la cadena de la soja: ADM, Cargill, Bunge, Rabobank, BP, Shell, Unilever y Ahold. También son miembros Monsanto
y Syngenta y dos ONG´s desempeñan un papel destacado, la WWF y Solidaridad, una organización holandesa de desarrollo. Hay más de 69 miembros de la industria contra 15 ONG’s miembros, en su mayoría conservacionistas. Una de ellas es la ONG FUNDAPAZ de la Argentina que ha declarado que se retirará de la RTRS. Cabe destacar que los pequeños agricultores no están representados y que no hay participación de organizaciones indígenas.
La etiqueta “responsable” tiene como objetivo cubrir el mercado convencional, por lo tanto sus partidarios razonan que debe incluir la soja transgénica. Hay que tener en cuenta que en países como la Argentina casi la totalidad de la soja es transgénica. Este rótulo “responsable”, aprobado por estas ONG’s, proporciona una oportunidad sin precedentes para la industria de la soja, de agrocombustibles y la biotecnológica
permitiéndoles legitimar su modelo de producción, los transgénicos y los agrocombustibles.
Las actividades de difusión de la RTRS en los países productores, financiados con la ayuda de agencias de desarrollo holandesas5, parecen estar dirigidas principalmente a aumentar la participación de los productores de soja y no de las comunidades afectadas. Muestra de ello es que en uno de los eventos que se llevó a cabo en la provincia de Tucumán (Argentina), el secretario general de la RTRS, Miguel Hernández, expresó que la afiliación a la RTRS ayudaría a la industria de la soja a combatir la “desinformación” acerca de la deforestación y las comunidades desplazadas, lo cual ha sido difundido en varios países6.
Los eventos de la RTRS han provocado protestas. En el año 2006, varios manifestantes rodearon la conferencia de la RTRS realizada en Asunción, Paraguay, donde la mayoría de las ONG’s de este país y movimientos urbanos y rurales firmaron una declaración en contra de la soja “responsable”.
Este año se publicó una carta abierta internacional7 criticando a la RTRS por los siguientes motivos:
- La inclusión de soja transgénica
- La expansión de los monocultivos de soja
- El daño a los bosques y a otros ecosistemas
- Las violaciones a los derechos humanos, sociales, y a la salud de la población local.
Los principios y criterios de la RTRS dependen en gran medida de las leyes nacionales y sus interpretaciones locales, por ejemplo, respecto al uso de pesticidas o a la deforestación. Por lo tanto, el debilitamiento de las leyes locales implica también que se debiliten las condiciones de la producción “responsable” de soja. Precisamente, esto es lo que está a punto de suceder en Paraguay.
Los criterios propuestos para la soja “responsable” son poco claros y a menudo están mal desarrollados. A esto se suma la falta de monitoreo y control de las leyes vigentes en países como Paraguay acrecentando las dudas acerca del valor de una etiqueta “responsable” ya que requiere el cumplimiento de la legislación local como una base fundamental. En San Pedro, por citar un ejemplo, el gobernador declaró que existen por lo menos tres aeropuertos ilegales donde pueden entrar pesticidas ilícitos (y armas) por vía aérea desde Brasil8.
¿Qué es la soja “responsable”? Resumen del borrador de criterios de la RTRS (en base al borrador de criterios, versión de octubre 20089 y a pruebas en campo, versión de mayo 2009)
Comentarios por CEO en cursiva
Principio 1: Cumplimiento Legal
Cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, derecho legal al uso de la tierra.
Principio 2: Condiciones Laborales Responsables
Cumplimiento con las leyes relevantes, capacitación adecuada, lugar de trabajo seguro, etc.
Principio 3: Relaciones Responsables con las Comunidades
Comunicación con comunidades locales sobre la producción de soja, resolución de conflictos de tierra, oportunidades justas de empleo.
Principio 4: Responsabilidad Ambiental
Minimización de los impactos de la nueva infraestructura y contaminación; realización de esfuerzos para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero;
Los criterios acerca de la biodiversidad y la deforestación fueron eliminados de la versión de mayo de 2009 por falta de acuerdo entre los miembros del grupo de desarrollo. La versión de octubre ya era sumamente insuficiente. Comprendía:
- Protección de hábitat de especies en peligro de extinción;
- Fecha limite para la deforestación: 2008 o posterior. Sin embargo, los criterios estipulan que a partir de esa fecha aún se permite la deforestación de tierras que fueron designadas como una “zona de expansión agrícola en un proceso oficial y participativo (ordenamiento territorial)”, salvo si esta área ha sido identificada de Alto Valor de Conservación.
En otras palabras, esto significa que los grandes productores y los gobiernos locales pueden hacer alianzas para designar áreas a deforestar para agricultura, inclusive para soja rotulada como ‘responsable’.
Principio 5: Prácticas Agricolas Adecuadas
Mantenimiento de la calidad del agua y del suelo; Implementación de técnicas de Manejo Integrado de Cultivos; Monitoreo de la aplicación de agroquímicos; Eliminación de los agroquímicos enumerados en las convenciones de Rótterdam y Estocolmo y de los Doce Sucios de la Red de Acción sobre los Pesticidas; Monitoreo y minimización de la propagación de nuevas especies invasoras y plagas; Medidas adecuadas para prevenir la deriva de agroquímicos a áreas adyacentes.
Más específicamente, “las aplicaciones aéreas de agroquímicos a menos de 200m de áreas pobladas son precedidas por una notificación” para que la gente pueda dejar sus hogares.
Monitoreo y cumplimiento:
No está claro cómo la aplicación de los criterios de la RTRS será monitoreada y cumplida. Tampoco queda claro cómo se pagarán el monitoreo y el cumplimiento o cuándo o cómo se aplicarán sanciones si no se respetan o se ignoran los criterios. Los borradores actuales son poco precisos respecto a estas cuestiones.10
El Grupo DAP
El Grupo DAP, fundado en el año 2005, se dedica principalmente a la inversión en la producción de commodities como la soja y está encabezado por el experto en marketing, Pascual Rubiani. El Grupo no revela cuál es el origen de las inversiones ni dónde se realizan. Según varias fuentes, los principales inversionistas son argentinos. Se supone que los inversores paraguayos tienen ciertos derechos y obligaciones que no poseen los inversores extranjeros, pero no se sabe cuáles son.
El mismo Grupo DAP cultiva commodities en cuatro fincas, La Esperanza (Amambay), Yvycai, La Fortuna y San Ramón (San Pedro) poseyendo alrededor de 30.000 hectáreas de soja y maíz en los departamentos de San Pedro y Amambay.
El Grupo DAP se distingue de la mayoría de las empresas paraguayas por un explícito perfil de Responsabilidad Social Corporativa y así lo confirma en su página web: “El Grupo se adhiere a un total de tres resultados: el beneficio económico a largo plazo, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social”.
Hasta la fecha, DAP es el único miembro de la RTRS de la industria paraguaya. Para revertir esta situación, la empresa sostiene que la RTRS debería establecer normas mínimas para que el productor promedio pueda alcanzarlas aumentando de esta manera la participación de este sector.
En Paraguay, el cumplimiento de las leyes nacionales es visto como un primer paso importante. Con el apoyo financiero de la embajada de los EE.UU., DAP emplea a ONG’s para coordinar proyectos con pequeños productores vecinos asistiéndolos en actividades tradicionales como la apicultura y la cría de animales, pero también introduciendo en sus campos métodos de la agricultura industrial.
La expansión de Soja en San Pedro
La producción de soja se está extendiendo rápidamente en la región de San Pedro debido a que los agronegocios (la industria) se expanden más allá de sus territorios tradicionales. Los promotores son atraídos por la buena calidad del suelo ya que los suelos de las zonas sojeras actuales están agotados. Se suma la aparición de
nuevas infraestructuras que facilitan la expansión de soja en la región. Pero San Pedro también es conocido por su movimiento campesino militante que se opone activamente a esta expansión en la zona.
Desde la instalación de DAP en San Pedro se mantiene un patrón conocido basado en desplazamientos de ganaderos y compra y alquiler de sus tierras para la producción de soja. De esta manera, muchos ganaderos en el este paraguayo se aprovechan del incremente de los precios de la tierra. En consecuencia, las explotaciones ganaderas se expanden hacia el Chaco donde la tierra es más barata, pero menos fértil,
necesitando más tierra por cada cabeza de ganado. Esto significa que el desplazamiento del ganado al Chaco causa aún más deforestación que el tamaño original de la finca. Según Guyra Paraguay11, la tasa de deforestación en el Chaco se incrementó a una cifra estimada de 728 hectáreas por día debido a la expansión de la cría de ganado. Y si bien en Paraguay existe una “ley de deforestación cero”, sólo es aplicable a las regiones orientales, pero no a la del Chaco.
Las empresas suelen considerar los impactos indirectos de los desplazamientos no atribuibles a los comportamientos individuales. Sobre este tema, el Grupo DAP contó a los investigadores que el desplazamiento de la ganadería en el Chaco no es responsabilidad de la empresa, sino que es responsabilidad del gobierno garantizar una planificación territorial adecuada12.
En julio de 2004, el productor de soja brasileño Tranquilo Favero, propietario del Grupo Favero, anunció que iba a invertir 10 millones de dólares en la producción de
commodities en la zona y en un nuevo silo en Santa Rosa13. Políticos locales y terratenientes respaldaron su propuesta, mientras que los campesinos locales (“los sin tierras”), amenazaron con ocupar la propiedad de Favero si persistía con la plantación de soja. Favero tiene una mala reputación respecto al cumplimiento de las leyes ambientales. El Ministerio de Ambiente afirmó recientemente que anuló tres de los permisos ambientales de sus actividades ganaderas en el Chaco14.
Aproximadamente un tercio de San Pedro está clasificada por el USDA como “excelente”
para la producción de soja, y otro tercio “moderadamente” adecuado.
Mapa: Aptitud de tierras para el cultivo de soja en la región oriental del Paraguay, con áreas de color rojo y rosa como no aptas, zonas de color verde como aptas y zonas de color verde oscuro como excelentes para la producción de soja. Fuente: USDA Foreign Agricultural Service,”La expansión del cultivo en el Paraguay”, junio de 2008
Ya existen signos visibles de la expansión prevista en San Pedro como la construcción de una carretera para conectar el departamento con el pequeño pueblo
de Antequera a orillas del río. Favero ejerció presión para la construcción de esta ruta, en el año 2005 declaró a un diario paraguayo que “sin un camino [a Antequera] no se puede arriesgar mucho”15. A su vez, financió el nuevo silo que se instaló en Antequera en el 2007.
Cuando los investigadores visitaron el silo, el gerente local de San Pedro explicó que los suelos “vírgenes” atraen a los productores de soja y que las empresas comercializadoras ADM y Cargill compraron tierras a la orilla del río linderas al silo y están planificando la construcción de otros nuevos16. Cabe aclarar que el gobierno de San Pedro aún no ha aprobado estos planes. Otro dato a tener en cuenta es que el Grupo DAP vende soja de la finca La Fortuna a este silo en Antequera.
Soja ‘responsable’ y reglamentación nacional (I): los servicios ambientales y las prácticas de deforestación ilegal
En Paraguay se aplican dos marcos jurídicos distintos para los departamentos orientales y el ‘Chaco’ occidental. En las regiones orientales, la deforestación esta prohibida por la ley de “deforestación cero”, pero esta permitido talar selectivamente árboles grandes con autorización previa. Además, cada agricultor debe conservar el 25% de la masa forestal de sus tierras (Ley Forestal Nº 422/73).
Sin embargo, la nueva ley paraguaya de “Pago por Servicios Ambientales” posibilita puentear la Ley Forestal17. Aunque es ilegal sacar los bosques, los propietarios que poseen más del 25% de cobertura boscosa pueden recibir pagos de compensación de un propietario que no tiene el 25% cubierto. Es decir, esta nueva ley permite violar otra ley mediante el pago a otra persona que sí la cumple.
Fue el Grupo DAP quien expuso esta medida al gobierno de San Pedro, utilizando el dinero de USAID. Al tener menos del 25% de cobertura arbórea en la finca La Fortuna, planteó pagar una compensación a un ganadero. Rubiani, presidente del Grupo DAP, caracterizó esta propuesta como una cuestión de ‘solidaridad’ entre propietarios de tierras18.
Las autoridades consideran a esta nueva ley como una herramienta eficaz para prevenir la violación de la ley de deforestación cero. Sin embargo, cuesta imaginarse por qué se espera que el monitoreo y el control sea mejor con este mecanismo de compensación, en comparación con la situación anterior, cuando la deforestación era simplemente ilegal. Por el contrario, con esta herramienta se preservarán menos bosques. Sin dudas, es una ley útil para los productores de soja con tierras productivas, ya que les permite utilizar más de su tierra para cultivar soja, mientras que pagan una pequeña suma de compensación a los propietarios de tierras con menor valor económico.
En el caso de la propuesta del Grupo DAP, el régimen de compensación aún no se ha acordado ya que las tierras del ganadero están en conflicto19.
La soja ‘responsable’ y regulaciones nacionales (II): una nueva ley degradada sobre pesticidas en Paraguay
Las fumigaciones masivas de las plantaciones de soja causan extensivas crisis de salud y afectan a las cosechas y los animales vecinos. Los criterios de la RTRS son formulados en gran medida de acuerdo con las regulaciones nacionales. Además, supuestamente se deberían dejar de usar algunos grupos de pesticidas. No obstante, en Paraguay acaban de aprobar, bajo fuerte presión de los sojeros, una nueva ley
sobre pesticidas que debilita las regulaciones anteriores. Aún en estas condiciones, la producción de soja se puede etiquetar de ‘responsable’ según la RTRS.
Un informe basado en testimonios de médicos locales y habitantes publicado por el Grupo de Reflexión Rural (GRR), un grupo ambientalista argentino, advierte un aumento de problemas en la salud de las comunidades rurales, como casos de cáncer en jóvenes, enfermedades congénitas, lupus, problemas con los riñones, enfermedades respiratorias y dermatitis.20 Recientemente, un juicio innovador en la Argentina prohibió la fumigación con agroquímicos dentro de un área de 1.500 metros alrededor de un barrio de la ciudad de Córdoba que linda con campos de soja.21
Cabe señalar que algunas malezas han desarrollado resistencia al Roundup, causando el aumento del uso de otros herbicidas, como el Paraquat, extremamente tóxicos y que están prohibidos en la UE. Supuestamente, en los próximos años se dejará de usar Paraquat en campos de soja certificados por la RTRS, sin embargo, deberán utilizar nuevas combinaciones de herbicidas para combatir las malezas resistentes al Roundup.
La nueva ley reduce la distancia mínima entre fumigaciones con agrotóxicos y colonias humanas de 100 a 50 metros, a pesar de que ya se ha demostrado que 100 metros son insuficientes. Además, en la nueva ley la distancia mínima cambia según el pesticida utilizado. Esta situación hace imposible el monitoreo de la ley por parte de las comunidades locales ya que se dificulta saber qué pesticidas se están
utilizando. Se suma que las responsabilidades del uso de los pesticidas se transfieren de los ministerios de medioambiente y sanidad a un departamento del Ministerio de Agricultura (SENAVE) desde donde se defiende desde hace tiempo el uso intensivo de pesticidas.
La nueva ley fue apoyada por el lobby de las industrias químicas y de la soja, mientras las organizaciones campesinas, las ONG’s y los ministerios de medioambiente y salud la repudiaron.22 No obstante, el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, firmó un decreto (nr. 1937) para reparar parte del daño causado, provocando revuelo entre los productores de soja quienes amenazan con bloquear el país con tractores si la medida gubernamental sigue vigente.23
Cómo manejan la resistencia local a la expansión de la soja
La estrategia del grupo DAP ante la resistencia local, es la iniciación de proyectos para estimular a los pequeños agricultores a probar métodos de agricultura industrial en sus campos. Los productores de soja han usado frecuentemente esta estrategia para intentar evitar la resistencia local. La región de San Pedro se caracteriza tradicionalmente por la existencia de unos pocos latifundistas con ganado y muchos agricultores pequeños que realizan cultivos como el sésamo para su propio consumo y para el mercado. Si bien existe una historia de conflictos por la tierra, la producción de soja con extensivas fumigaciones de agrotóxicos ha provocado una oposición mucho más marcada.
Generalmente, las compañías intentan establecer contacto a través de las organizaciones locales de los campesinos, de las parroquias o contratando trabajadores del lugar. Se están desarrollando planes para introducir métodos de la agricultura industrial en los campos de los pequeños agricultores, añadiendo los campos vecinos o usando los campos comunales, con el fin de sacar beneficios a gran
escala. Primero, la compañía proporciona máquinas para despejar la tierra e insumos como semillas y agroquímicos. La familia campesina o la comunidad le devuelven a la compañía la cantidad correspondiente de los rendimientos de la cosecha. Este es un ejemplo de cómo introducen un método en las granjas pequeñas: el uso del Roundup para despejar la tierra de malezas antes de la siguiente siembra.
Favero, por ejemplo, estaba implicado en un proyecto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, en Colonia Tierra Prometida. Allí daba apoyo técnico y económico para permitir que 123 familias pudiesen empezar con la producción industrial de soja en 200 hectáreas24.
El Grupo DAP posee un proyecto similar en Aguiritos donde también despejarán 200 hectáreas de campos comunales de manera mecánica y las sembrarán con el apoyo económico de DAP. Narciso Villamayor, líder de la comunidad local, estima que los costes para despejar la tierra serán de 60.000 dólares que deberán devolverlos en tres años con el dinero ganado con las cosechas a precios de mercado, es decir, un 80 % del rendimiento de esas cosechas.
DAP también contrató a una persona para ocuparse de la asistencia técnica tanto en los cultivos como en la producción ganadera. Luego de devolver el 80 %, el 20 % restante debería ser invertido en educación y salud. Una ONG paraguaya, FUNDECA, proporciona los recursos financieros. Villamayor dijo que la colonia decidió que crecerían maíz y soja convencional.
Preocupaciones y resistencia en Colonia Barbero
En Colonia Barbero, la finca La Fortuna de DAP sigue incitando a un debate vehemente. En el 2006, la comunidad ya protestaba frente de las puertas de La Fortuna.
A mediados de febrero de 2009, investigadores asistieron a una reunión comunal con el secretario de medioambiente de San Pedro, Menelio Jimenez. Miembros de la colonia, incluidos campesinos y profesores, manifestaron sus preocupaciones por los efectos de las fumigaciones con pesticidas en la finca La Fortuna. Relataron que los niños se sentían mal cuando asistían al colegio, que las gallinas morían después de
comer brotes de soja de la calle tratados con sustancias químicas y que hay menos cantidad de pájaros. Por falta de dinero, no podían contar con un abogado para investigar el caso.
Las leyes anteriores sobre pesticidas en el Paraguay establecían que alrededor de cada campo que se fumigaba debía existir una ‘barrera verde’. Se trata de un borde con plantaciones extensivas de una altura mínimo de dos metros y una anchura de cinco metros, o 50 metros de otra vegetación o 100 metros en el caso de que no haya nada de vegetación.
Villalba es otro promotor del cultivo de soja vinculado con Favero, posee una finca en la misma área y trabaja con agricultores locales promoviendo la soja transgénica. Cuando los investigadores estaban de visita se acababan de fumigar seis hectáreas de soja con Roundup. Con la ausencia de la ‘barrera verde’ requerida, los campos vecinos pertenecientes a los campesinos se veían afectados por los químicos. De por sí, las ‘barreras verdes’ establecidas por ley son insuficientes para proteger las cosechas locales, y aún peor es que en muchos casos no se cumple afectando, en este caso, la cosecha local de sésamo (véase las imágenes).
Evidentemente es imposible para los pequeños agricultores que usan herbicidas químicos en todo su campo para controlar las hierbas, crear una barrera verde para prevenir que se afecten las cosechas vecinas.
Se formuló una denuncia judicial contra el propietario del campo, pero en la oficina del procurador en la ciudad de San Pedro, el responsable oficial de controlar el uso de pesticidas declaró que el campo cumplía las leyes medioambientales. Obviamente, no era cierto.
Imagen: cultivo de sésamo (izquierda) protegido insuficientemente (solamente poruna franja estrecha de hierba camerunes a la izquierda) contra un campo de soja
RoudupReady de un agricultor local. Colonia Barbero, febrero de 2009
Los investigadores hablaron con otro campesino que tiene una granja mediana y que también había intentado cultivar soja RR con DAP, pero la cosecha salió mal. Sin embargo, no veía mal usar Roundup y otros pesticidas ya que opinaba que era más económico que contratar a gente para trabajar la tierra.
Por su parte, Salustiano Carmona, líder local de los campesinos en Colonia Barbero, es crítico de la producción de soja de la finca La Fortuna. Explicó que cuando fumigan con pesticidas, el olor llega hasta su casa ubicada a unos cuantos kilómetros de distancia. “DAP está fumigando con tractores grandes, casi como aviones”, declaró Carmona a los investigadores. También contó que DAP prepara
la tierra de los pequeños agricultores, repartiendo semillas y agroquímicos, y luego los “invitan” a inculcarles estás prácticas a sus vecinos.
Carmona relató a los investigadores la historia de una mujer que vivía cerca de La Fortuna, en Colonia Moreira, que perdió a su hijo estando en su quinto mes de gestión. Según los servicios locales de salud, ella y otra mujer tuvieron un aborto en los últimos meses del embarazo. Una de ellas, visitada por los investigadores, contó que junto a su marido trabajaban en un campo cerca de La Fortuna. En esa zona, DAP alquila varias tierras para cultivar soja.
Según su familia, la mujer fue al hospital después de perder mucho líquido, su hijo nació vivo, pero murió poco después. Los médicos no les dieron ninguna explicación o diagnostico de lo sucedido. “Creemos que fue por causa de los tóxicos, porque antes no sucedían estas cosas”, sostiene uno de los familiares. La hermana de la mujer también había abortado a los siete meses embarazo. Justamente, un día antes de la visita de los investigadores, un ternero había muerto inesperadamente y recientemente habían muerto otros tres.
Un miembro de la familia explicó: “Los campos de soja se encuentran a 400 metros de nuestras viviendas. Nuestros animales se mueren y creemos que también se debe a los pesticidas porque antes esto no sucedía.” Y agregó: “La tierra cultivada con soja pertenece a diferentes propietarios, pero todos se las alquilan a La Fortuna. El viento esparce los pesticidas afectando a los niños, a las mujeres embarazadas y a nuestros animales.” Contaron que había una barrera de hierba camerunés, pero que era demasiado baja para evitar el paso de los pesticidas.
La familia dijo que no quería trabajar para DAP y comentó que la empresa se había apropiado de la cosecha de un vecino y aún no sabía cuánto le iban a pagar.
Más tarde, los investigadores visitaron a una familia que trabajaba para DAP. Mientras el marido se encontraba trabajando en los campos de DAP, la señora explicaba que la empresa había preparado su campo y a cambio les tenían que entregar el total de la primera cosecha obtenida.
“Perdimos”, admitió la mujer. Ella espera que la próxima cosecha sea mejor: La Fortuna les ayudará a quitar las hierbas con ‘todo mata’ (Roundup) y después sembrarán porotos negros.
Otro campesino, que estaba cultivando plantines para reforestación, comentó a los investigadores que había recompensado a DAP con seis hectáreas de maíz, luego de participar en un proyecto piloto cultivando jatropha para biodiésel. La temporada siguiente no sembró porque había pensado plantar girasoles, que se estimaban de no ser rentables. DAP, no obstante, reclama que mientras los precios del mercado determinan los resultados para los campesinos participantes, la empresa está allí ‘para quedarse’, indicando así que no los abandonará.25
Un profesor local, Teofilo Díaz, contó a los investigadores que el año anterior uno de sus cerdos había parido un lechón con malformaciones y que sucedió un caso similar cerca de su vivienda26. Pensaba que podría haber ocurrido porque la madre fue alimentada con las sobras de las mazorcas de La Fortuna. No tiene pruebas, pero él y otros vecinos han apelado al Ministerio de Medioambiente para que realicen controles en La Fortuna y otras fincas de la región.
La implicación de ONG’s en la soja ‘responsable’
El grupo DAP trabaja en primer lugar con dos ONG’s, Fundación Moisés Bertoni (FMB) en Colonia Barbero y FUNDECA/SER (Sociedad de Estudios Rurales) en Agüeritos. Están contratadas para organizar la participación de los agricultores locales y los proyectos sociales. Fundación Moisés Bertoni participa en la RTRS.
Sin embargo, en Paraguay las líneas de trabajo de FUNDECA/SER se consideran cada vez más controvertidas. El objetivo declarado de esta ONG es “apoyar a las familias campesinas para que salgan de la pobreza haciéndose proveedores del mercado internacional sin la interferencia de comerciantes intermediarios”27. SER y FUNDECA fueron fundadas por la misma persona, Daniel Campos.
En enero de 2008, SER organizó una serie de mesas redondas regionales para hablar sobre los problemas con la soja. Varias organizaciones de campesinos participaron. La declaración conclusiva de dos de estas mesas redondas regionales, formuladas exactamente igual, proclama “estamos buscando alianzas con empresas con responsabilidad social [...] por medio de [una producción de] soja responsable y sustentable”.28 El texto de la declaración no se había acordado por las organizaciones presentes, si bien sus nombres están en el documento.
Las organizaciones socias de la Vía Campesina en Paraguay negaron públicamente su apoyo a la soja ‘responsable’. “[...] se han unido los nombres de nuestras organizaciones a esta campaña sin ninguna consulta ni aprobación por nuestra parte. Reclamamos la eliminación inmediata de los nombres de nuestras organizaciones en esta iniciativa. World Wildlife Fund, Solidaridad, [...] colaboran con empresas multinacionales como Unilever, Grupo Andre Maggi y bancos como ABN-AMRO”.
Por su parte, la asociación paraguaya de productores orgánicos reclamó contra la intervención del director de FUNDECA, Daniel Campos, en el proceso de las elecciones internas. En una declaración pública expresaron: “Estamos dispuestos a trabajar junto con las ONG’s, a base de respeto, sin intervenciones que busquen manipular y dirigir a las organizaciones en beneficio de intereses que no son los de las organizaciones campesinas.”29
Finalmente, el presidente de FUNDECA, padre Fermín García está implicado en proyectos igualmente controvertidos en la provincia Caaguazú, promoviendo la producción de soja RR. Comunicados de dos comunidades en Caaguazú, San Isidro y Mariscal López, declaran que los proyectos de padre Fermín han llevado al endeudamiento de las familias rurales y a un uso cada vez más extensivo de
pesticidas.
Conclusión
Grupo DAP está promoviendo la RTRS en Paraguay. Sus operaciones dirigidas a la producción de soja están situadas en una nueva zona de expansión en Paraguay, San Pedro. En esta localidad aún no predominan los horizontes infinitos de campos de soja, como ocurre en Itapua y Alto Paraná.
La resistencia local a la expansión de la soja es muy fuerte en San Pedro y los campos de soja del Grupo DAP han causado mucha oposición. Las fumigaciones con agroquímicos en los campos de soja RR están dañando la salud de la gente. Los miembros de las comunidades alrededor de los campos de soja de Grupo DAP se están quejando de los efectos de las fumigaciones.
La estrategia de DAP es organizar proyectos con los agricultores locales introduciendo métodos de agricultura industrial como el uso del Roundup para controlar las hierbas en los campos. Es un método bien conocido y aplicado frecuentemente en Paraguay para romper la resistencia contra la producción
de soja RR a gran escala. Al mismo tiempo, hace dependientes a los campesinos de insumos caros y de los precios del mercado internacional. Además, las fumigaciones con agroquímicos en sus campos están afectando a las cosechas vecinas, dando lugar a conflictos dentro de la comunidad.
Existe un amplio rechazo al proceso de la RTRS que está a punto de determinar una serie de criterios en su cuarta conferencia del 26 al 28 de mayo de 2009. La realidad de la soja ‘responsable’ en Paraguay confirma las críticas contra la RTRS: en vez de frenarla, ayuda a la expansión de la soja; se etiquetará como ‘responsable’ la soja GM Roundup Ready que está causando muchos daños; el
conjunto de los criterios es muy débil.
Los criterios de la RTRS son en gran medida formulados de acuerdo con regulaciones nacionales. Pero estas leyes nacionales, como la ley de los pesticidas en Paraguay, están muy degradadas. Se puede continuar cultivando la soja ‘responsable’ bajo leyes debilitadas.
La certificación de la RTRS otorga a la industria implicada una imagen medioambiental, antes de realizar pasos reales para afrontar los problemas causados por la industria internacional de la soja.
Notas:
1 Conferencia de la Mesa Redonda de Soja Responsable, Hotel Royal Palm Plaza, Campinas, Brasil - ver: www.responsiblesoyconference2009.com
2 Ver http://www.corporateeurope.org/news/2009/05/13/responsible-soy-not-possible-gm
3 Producción Agrícola Mundial, USDA, septiembre 2008, http://www.fas.usda.gov/wap/circular/2008/08-09 productionfull09-08.pdf
4 La Mesa Redonda de soja IR-responsable, abril 2008; ASEED Europe, BASEIS, CEO, Rainforest Action Network
5 Ver los donantes en www.responsiblesoy.org, y el sitio web de la “Iniciativa de Comercio Sustentable” de Holanda que financia el programa de difusión: http://www.duurzamehandel.com/programma/Soja
6 http://www.produccion.com.ar/ver_nota.php?edicion=Ene_Feb2009&numero=176&id=309
7 Carta abierta, ‘Responsible’ soy process must be abandoned, GM Watch et al, mayo 2009, http://www.gmwatch.eu/archives/64-Letter-of-critical-opposition-to-the-Round-Table-on-Responsible-Soy.html
8 Entrevista personal con Jose Ledesma, gobernador de San Pedro, octubre 2008
9 Ver http://www.responsiblesoy.org/principles_criteria.php
10 ‘Roundtable on Responsible Soy: Can Monoculture Soy be Responsible?, un informe de GM Freeze, mayo 2009,http://www.gmfreeze.org/uploads/rtrs_brief.pdf
11 Deforestación del Chaco saltó a 728 Ha. por día, ABC Color, 12 de marzo 2009
12 Comunicación personal, febrero 2009
13 ‘Apoyo Sampredrano a empresa sojera’, ABC Color, 19 de julio 2004
14 Entrevista con el director de la ‘Dirección de Control’ del SEAM, Mario Vachetta, febrero 2009
15 ‘Inversionista dice que problema con campesinos está superado’, ABC Color, 2 de febrero, 2005
16 Comunicación personal con el gerente del silo, febrero 2009, y el suplemento especial de turismo Antequera ABC Color, http://www.abc.com.py/especiales/turismo/articulos.php?pid=311341
17 Life as Commerce, The impact of market-based conservation on Indigenous Peoples, local communities and
women, Global Forest Coalition, http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/LIFE-AS-COMMERCE2008.pdf
18 ‘Iniciativa busca conservar bosques’, ABC Color, 12 de noviembre 2008, http://www.abc.com.py/2008-11-12/articulos/468857/iniciativa-busca-conservar-bosques
19 Comunicación personal con el Sr. Irala, Secretario de Agricultura de San Pedro, febrero 2009
20 Argentina: Countryside No Longer Synonymous with Healthy Living, Marcela Valente, IPS, 04/03/09
21 La justicia Cordobesa prohibió fumigar con agrotóxicos sojeros cerca de las áreas urbanas. Diario ‘Pagina 12’, 12/01/09
22 Comunicación personal con Javiera Rulli, autora del libro ‘Republicas Unidas de la Soja’ y militante por la ley de pesticidas en el Paraguay.
23 Productores mantienen firme el tractorazo pese a sanción de ley’, ABC Color, 24/05/09
24 Campesinos rechazan proyecto de desarrollo agrícola, según Ibáñez, ABC Color, 24/06/05
25 Comunicación personal, febrero 2009
26 http://www.diariopopular.com.py/?q=kure-con-1-ojo-y-trompa
27 Interview with former FUNDECA president Padre Gelpi, March 2006, http://rescatar.blogspot.com/2006/03/fundeca-lleva-campesinos-pobres-ser.html
28 ‘Proyecto Agroecologia y Desarrollo’: Declaración del Foro Regional de Itapua y Misiones, January 2008. Declaración del Foro Regional de Caaguazu y Cordillera, January 2008.
29 Written statement by COPEP, Central de Organizaciones de Productores/as Ecológicos/as del Paraguay
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